Blockchain, big data, IoT… 12 conceptos de “tecnología y Administración” explicados para que los entienda tu cuñado

PUBLICADO EN: NOSOLOAYTOS

POR: VÍCTOR ALMONACID

“El pasado me ha revelado la estructura del futuro”. (Pierre Teilhard de Chardin)

Decía David Rockefeller (el magnate de los negocios, no el cuervo de José Luis Moreno) que “en esta vida he dudado, y siempre que he dudado he preguntado”. Y no le fue nada mal. Hace poco le preguntábamos a Miguel Ángel Bernal Blay (ver entrevista completa) cómo podríamos explicar el proyecto del Gobierno de Aragón de uso de la tecnología blockchain en el proceso de licitación pública para que lo entienda un cuñado en la cena de Nochebuena. Y es que preguntar no es ofender, al contrario. Por tanto no debe ofenderse nadie, ni mucho menos los cuñados. Utilizamos esta frase hecha para titular una entrada pensamos que muy útil para acercar esos conceptos que todavía cuesta entender pero que son imprescindibles en la moderna gestión pública. En definitiva, si los tenemos que manejar e incluso aplicar, es de sentido común que previamente, en algún momento, algún día, los tengamos que entender. Hoy es ese día.

Interoperabilidad

Explicación para tu cuñado: “Es cuando vas al Ayuntamiento y no tienes que presentar el certificado de no tener deudas con Hacienda porque ya lo sacan ellos directamente”.

Para profundizar. Según el Glosario de términos del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Por su parte, el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad (art. 156.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). Además, la información publicada en los portales de transparencia será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad (art. 11.b) de la Ley de transparencia).

Por lo demás, la interoperabilidad tiene cuatro dimensiones:

  1. Interoperabilidad organizativa. Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente acordados relativos a los servicios que prestan.
  2. Interoperabilidad semántica. Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación.
  3. Interoperabilidad técnica. Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la relación entre sistemas y servicios de tecnologías de la información, incluyendo aspectos tales como las interfaces, la interconexión, la integración de datos y servicios, la presentación de la información, la accesibilidad y la seguridad, u otros de naturaleza análoga.
  4. Interoperabilidad en el tiempo. Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la interacción entre elementos que corresponden a diversas oleadas tecnológicas; se manifiesta especialmente en la conservación de la información en soporte electrónico.

Actuaciones administrativas automatizadas

Explicación para tu cuñado: “Es cuando sacas directamente un certificado de empadronamiento por Internet, ya firmado y todo”.

Para profundizar. La administración electrónica no es un simple cambio de formato. Si este no viene acompañado de agilidad, simplificación, automatización, eficacia, eficiencia y una mejora general de los procesos, no lo habremos hecho bien. Y la clave en este sentido, el elemento diferenciador, es la automatización, porque la actuación administrativa automatizada (AAA) es lo que diferencia a la administración electrónica “buena” de la burocracia electrónica. Y también es el elemento que va a determinar la futura (más bien presente) nueva definición de los puestos de trabajo. La aprobación del nuevo Reglamento de administración electrónica (de desarrollo de las Leyes 39 y 40), ahora en tramitación, supondrá la consolidación de una de las claves conceptuales de la administración electrónica, la AAA. En efecto, no puede ser más claro el art. 9 del borrador de Reglamento de desarrollo de las leyes de procedimento y régimen jurídico -Texto del proyecto (PDF, aprox. 370 KB); MAIN (PDF, aprox.968 KB)-, en el sentido de que debemos automatizar todo lo que se pueda automatizar:

El orden, como vemos, está claro: 1º.-Si se puede automatizar una actuación administrativa, automatícese. Este es el escenario ideal para la consecución de la eficiencia, ya que ponemos a la AAA a trabajar sola, sin intervención humana. 2º.- Si no conseguimos automatizar, interviene un empleado público porque la actuación o trámite no deja otra opción. Pero aún así se debe tender a la tramitación colectiva o acumulada de expedientes en los que hemos podido identificar elementos comunes o troncales. 3º.- Siendo imposible todo lo anterior, la tramitación será humana e individual. Es, en puridad, lo menos eficiente, pero si conseguimos reducir el porcentaje de esta tercera opción por debajo del 5%, teniendo en cuenta que partimos del 100%, el impacto de eficiencia continúa siendo brutal.

Firma biométrica

Explicación para tu cuñado: “Es cuando pagas con la tarjeta de El Corte Inglés y te hacen firmar en una pantallita con un lápiz óptico (esa especie de boli atado a la pantallita con un cable de caracol que parece el de un teléfono fijo)”.

Para profundizar.  La firma biométrica es un sistema de firma totalmente accesible que, a decir verdad, viene mal definido en la para algunos sagrada Wikipedia (ver), que la define como una firma electrónica avanzada, cosa que no compartimos, sencillamente porque no es una firma electrónica sino una firma inicialmente manuscrita (la persona realiza un trazo a mano con un lápiz óptico, sobre la pantalla de una tablet en la que visualiza el documento), si bien dicho documento acaba siendo validado y adquiere, por así decirlo, fehaciencia electrónica, al incorporar un sello de órgano o una validación de confianza de un tercero. Lo que sí es estrictamente cierto es que consiste en una tecnología que permite capturar datos biométricos durante el proceso de firma manuscrita (aquí sí lo dice) sobre dispositivos electrónicos. La biometría es el estudio automático para el reconocimiento único de humanos, basado en uno o más rasgos conductuales o características intrínsecas. Los datos biométricos capturados durante el proceso de firma son la presión del lápiz, la velocidad de escritura y la aceleración. Los dispositivos electrónicos que permiten la captura de datos biométricos.

En cuanto a sus posibles usos en la Administración, decir que son múltiples: firma de solicitudes e instancias por parte de los usuarios presenciales, firma de actas de toma de posesión o de contratos laborales por parte de los nuevos empleados públicos (los cuales aún no tienen su certificado de empleado público), formalización de contratos públicos, actas de inspección, diversos trámites policiales, etc… Todo ello sin perder de vista la privacidad, ya que los datos biométricos son evidentemente personales, de hecho son muy personales y sujetos a especial protección. Véase al respecto el documento Biometrics, surveillance and privacy – Erncip – Europa EU.

Identificación biométrica

Explicación para tu cuñado: “Es una manera de identificar a una persona con una parte de su cuerpo, como hace Tom Cruise en Misión Imposible cuando acerca el iris al escáner y se abre la cámara acorazada. También se puede utilizar la huella dactilar”.

Para profundizar. Más allá de la firma biométrica, una realidad en el fondo bastante implantada, el siguiente paso sería utilizar por fin los datos biométricos de las personas para su identificación, unos datos que, por ejemplo, están almacenados en las bases de datos de la policía (¿por qué no otras Administraciones?). Cobertura legal hay (eIDAS, normativa sobre accesibilidad), y la comodidad a la hora de realizar cualquier gestión ante una instancia pública sería brutal. Soy de los que tramitan ante la Administración por medios electrónicos y desde casa, pero deseando estoy presentarme en unas oficinas administrativas con las manos en los bolsillos y si portar documento alguno. ¡Qué maravilla!

Tabla comparativa de sistemas biométricos (fuente: Wikipedia). Lo que sigue a continuación es una tabla en la que recogen las diferentes características de los sistemas biométricos:

 

Internet de las cosas

Explicación para tu cuñado: “Es cuando vas a correr y el reloj que te has comprado en Decathlon te cuenta los pasos, te dice la ruta que has recorrido, y de paso te avisa de que está a punto de darte un infarto”.

Para profundizar. Equivale a la expresión en inglés Internet of things, y abreviado IoT. Se trata de un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Alternativamente, Internet de las cosas es el punto en el tiempo en el que se conectarían a Internet más «cosas u objetos» que personas. También suele referirse como el Internet de todas las cosas o Internet en las cosas. Si los objetos de la vida cotidiana tuvieran incorporadas etiquetas de radio, podrían ser identificados y gestionados por otros equipos, de la misma manera que si lo fuesen por seres humanos. El concepto de Internet de las cosas lo propuso Kevin Ashton en el Auto-ID Center del MIT en 1999, donde se realizaban investigaciones en el campo de la identificación por radiofrecuencia en red (RFID) y tecnologías de sensores. Por ejemplo, si los libros, termostatos, refrigeradores, la paquetería, lámparas, botiquines, partes automotrices, etc. estuvieran conectados a Internet y equipados con dispositivos de identificación, no existirían, en teoría, cosas fuera de stock o carencia de medicinas o caducadas, sabríamos exactamente la ubicación, cómo se consumen y se compran productos en todo el mundo; el extravío sería cosa del pasado y sabríamos qué está encendido o apagado en todo momento. El Internet de las cosas debería codificar de 50 a 100 000 billones de objetos y seguir el movimiento de estos; se calcula que todo ser humano está rodeado de por lo menos 1000 a 5000 objetos. Según la empresa Gartner, en 2020 habrá en el mundo aproximadamente 26 mil millones de dispositivos con un sistema de adaptación al Internet de las cosas. Abi Research, por otro lado, asegura que para el mismo año existirán 30 mil millones de dispositivos inalámbricos conectados al Internet. Con la próxima generación de aplicaciones de Internet (protocolo IPv6) se podrían identificar todos los objetos, algo que no se podía hacer con IPv4. Este sistema sería capaz de identificar instantáneamente por medio de un código a cualquier tipo de objeto (Wikipedia). IoT representa una generación y multiplicación constante de los datos a través no ya solo de los móviles, sino de todo tipo de objetos, desde la camisa hasta el coche, todos los cuales incluyen un chip, un sensor u otro dispositivo capaz de emitir impulsos electromagnéticos más o menos complejos. En realidad algunos son bastante sencillos, como el dispositivo que nos permite circular por la “Vía-T” de la autopista, que simplemente consiste en un chip de radiofrecuencia; la parte buena es que abre la barrera y cobra de forma ultrarrápida, y la no tan buena es que usted se encuentra totalmente controlado el recorrido del coche, y, en el 95% de los casos, el de su conductor habitual.

En el ámbito de los servicios públicos, el Internet de las cosas puede suponer una nueva era en servicios del ámbito sanitario, del tráfico o de la seguridad, así como otros relacionados con los espacios y vías públicas, lo cual resulta especialmente aplicable a los proyectos de Smart Cities, y la clave es el Big data.

Big data

Explicación para tu cuñado: “Son la barbaridad de datos que hay en Internet y en la nube“.

Para profundizar. Se puede definir como la recopilación de una gran cantidad de datos con el objetivo de encontrar patrones repetitivos dentro de los mismos. El Big Data o Datos masivos es un concepto que hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades de datos y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos. El fenómeno del Big Data también se conoce como «datos a gran escala» (Wikipedia). Se puede traducir como «datos masivos desestructurados». En ellos hay mucha información. Por consiguiente, Big data no es tanto «grandes datos» como «muchos datos». Big data puede tener una gran utilidad en relación a los proyectos Smart City, especialmente en el ámbito de la promoción económica y el emprendimiento. Los datos que se ponen a disposición del sector empresarial incipiente (demográficos, estadísticos, geográficos…) pueden anticipar el comportamiento del consumo local a fin de estimular la inversión en nuevos servicios privados.

Open data

Explicación para tu cuñado: “Es cuando el Ayuntamiento publica el Presupuesto de una manera que lo entiendes”.

Para profundizar. Podríamos decir que consiste en una filosofía y (buena) práctica que persigue que los datos estén disponibles de forma libre para todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de control. Tiene una base similar a otros movimientos y comunidades abiertos, como el software libre, el código abierto (open source) y el acceso libre (open access) (Wikipedia). Se trata de un concepto propio del Gobierno abierto, basado en la transparencia y la apertura de datos que sean útiles y reutilizables (véase la Ley de RISP) por parte del ciudadano, las empresas y el resto de actores públicos. A mayor abundamiento, la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón define apertura de datos como «la puesta a disposición de datos en formato digital, estandarizado y abierto, siguiendo una estructura clara que permita su comprensión y reutilización, con el fin de promover la transparencia de la gestión pública para su análisis y evaluación, fomentar la interoperabilidad entre Administraciones, y generar valor y riqueza a través de productos derivados de dichos datos realizados por terceros» (art. 3). La parte final de esta completa definición entronca perfectamente con Smart City.

Open government/Gobierno abierto

Explicación para tu cuñado: “Es cuando el Ayuntamiento te da mucha información, que además es veraz, para que tengas elementos de juicio antes de ponerles verdes… ¡O incluso para que hagas una aportación más constructiva!”.

Para profundizar. El gobierno abierto es el que arranca precisamente en la apertura de los datos (y de la información) con el objetivo inicial de rendir cuentas procurando además atraer al tejido social hacia lo público, para que participe o colabore en la gestión. Esto va mucho más allá de la mera transparencia. El verdadero Gobierno abierto no es, por tanto, el de la simple apertura de los documentos (publicar el Presupuesto no es algo tan excepcional, a parte de que sencillamente no se entiende), sino el de la apertura de los datos, datos con nombre y apellidos, accesibles, interoperables y reutilizables, que generan “información” y que incitan a la participación e incluso al emprendimiento. Todas estas ideas deben estar bien ordenadas, secuenciadas, como en la estupenda definición de Open data de la citada Ley 8/2015 de Aragón, tan completa que podría ser también la definición de Open government, porque muestra perfectamente la instrumentalidad de la puesta a disposición de datos en favor de fines más elevados. Nunca nos ha acabado de agradar ese tótum revolútum de ideas que suelen asociar y mezclar de forma desordenada “participación” con “transparencia” y con “Gobierno abierto”. Claro que están relacionados, y mucho, pero no en ese sentido sinónimo que nos recuerda al legislador cuando utiliza la expresión “medios electrónicos, informáticos y telemáticos” como si fuera una sola palabra que hubiera que pronunciar muy rápido (electronicinformaticotelematico), sino en el sentido secuencial que propone Alberto Ortiz de Zarate (“Alorza”), quien ha sabido ver perfectamente el círculo virtuoso (más bien espiral) del Gobierno abierto. que comienza en los datos y acaba en el cambio social:

Poco que añadir. Mire y remire la fantástica infografía tanto como desee…

Smart City (y otros “smarts”)

Explicación para tu cuñado: “Es cuando vas a la parada del bus y un panel te dice que quedan 8 minutos para que pase el 81, y solo 3 para que pase el 7”.

Para profundizar. Lo hemos explicado tantas veces, por ejemplo en este mismo blog, que hoy abordaremos el concepto desde la óptica de la ciudadanía, un planteamiento que nos agrada (al fin y al cabo todo lo que hacemos lo hacemos por y para ellos) y que nos lleva a hablar de derechos de nueva generación. En el marco de una administración municipal, poner los datos a disposición del interés público supone la consecución de esta nueva generación de derechos, que no son solo los electrónicos (recogidos en la legislación española desde 2007), sino también los derechos ecológicos desde la perspectiva de la tecnología sostenible. Ambas categorías derivan de forma natural a los proyectos de Smart City (para ciudades de cierto tamaño) o bien simplemente de servicios inteligentes (para cualquier municipio). Ni siquiera es necesario constreñir el ámbito territorial de un proyecto Smart al término municipal. En los últimos tiempos hemos hablado mucho de territorio inteligente, isla inteligente… Lo más importante es entender que no tiene sentido que un vecino pase veinte minutos de su tiempo dando vueltas a la manzana (y emitiendo CO2) para encontrar aparcamiento si una red de sensores vinculada al GPS puede informarle en tiempo real de las plazas libres. Los ciudadanos tienen derecho a aparcar sin que les cueste la salud (en el sentido amplio de la expresión), del mismo modo que tienen derecho a que pase el camión de la basura sólo cuando el contender esté prácticamente lleno, evitando así las molestas y el encarecimiento del servicio. En este sentido, la norma que regula este tipo derechos es la Ley de Bases del Régimen Local (art.18). Uno de esos derechos (en este caso “de los vecinos”) es el de exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público. Mucho se habla de si el servicio debe ser propio, obligatorio, delegado, reservado… Pero en nuestra opinión siempre se excluye del debate la importante cuestión de la calidad del servicio, y sobre todo en qué consiste hoy en día. En nuestra opinión el ciudadano tiene derecho a que los servicios públicos sean inteligentes, y también lo tiene, vía Constitución, a que además de su mero establecimiento se establezcan asimismo los cauces para poder utilizar dichos servicios, y además en condiciones de igualdad en base al art. 9.2 de la propia Constitución. Todo ello nos llevaría, por ejemplo, a la necesidad de establecer el servicio municipal de WiFi, que podemos definir como un servicio que permite utilizar otros servicios. En definitiva, Smart City es una nueva manera de enfocar los servicios “de toda la vida”, de entender las antiguas leyes administrativas. Hace poco me preguntaron “¿Qué es Smart City?”, y contesté “Es la Ley de régimen local”.

Blockchain

Explicación para tu cuñado: “Es igual. No lo entenderías”.

Para profundizar. Miguel Ángel Bernal nos contestó lo siguiente a la aludida pregunta: “…tendría que explicarle primero qué es la tecnología blockchain. En pocas palabras, un archivo electrónico compartido en red. Toda la información que sucesivamente se va escribiendo en ese archivo es accesible para quienes forman parte de la red, y lo que allí se escribe permanece inmutable. Su primera aplicación fue el registro de las transacciones de Bitcoins. Para que nadie gastase los suyos dos veces, las transacciones se registraban en la blockchain y de esa manera todo el mundo tenía acceso a «la contabilidad» de esas transacciones. Pero aparte de registrar el intercambio de criptomonedas, blockchain permite registrar otro tipo de informaciones…”

Por lo demás nos remitimos a nuestra “Guía básica para la implantación de #blockchain en la Administración”, donde sin ánimo de exhausividad recogemos las siguientes aplicaciones de blockchain a la Administración, ya que supone:

  • Un reparto (si lo prefieren “una descentralización o desconcentración”) sin precedentes de la fe pública.
  • Una democratización de lo público que también trasciende los conceptos de Open Government y Smart City, o bien se identifica con sus fases más avanzadas (de hecho la tecnología blockchain garantizará la seguridad del big data).
  • Una redefinición integral de otros conceptos más clásicos como Archivo, Registro, Contrato o Identificación ciudadana.
  • En todo caso una nueva forma, revolucionaria pero mucho más segura, de recopilar, almacenar y gestionar la información, lo cual no es nada desdeñable teniendo en cuenta que circula más información que nunca (big data), parte de la misma los poderes públicos deberíamos aperturar (open data), si es que no “se aperturan solos”.
  • Una herramienta casi definitiva contra la corrupción. Como señala Alan Leibovich en la revista Compromiso Empresarial (ver): “Los ‘smart contracts’ son aplicaciones que se ejecutan exactamente como han sido programadas, sin ninguna posibilidad de censura, fraude, o interferencia de terceros”; mientras que “menos del 1 % de todas las transacciones en Bitcoin fueron utilizadas con el fin de lavar de dinero”.
  • Una descentalización y compartición de los documentos y archivos total y absoluta,  una interoperabilidad total, sin precedentes, que lejos de “acabar con la administración” (conste que esto aún no lo ha dicho nadie; los pesimistas todavía no han abierto la boca en este tema porque aún se están peleando contra la administración electrónica) creo que la pone en valor por descargarle las espaldas de lo superfluo y permitir que se centre en lo importante: mejorar la calidad del servicio público y el bienestar de las personas.
  • Un sistema de voto electrónico seguro, algo que por cierto dijimos hace tiempo (ver aquí).
  • En todo caso, como ya hemos indicado, un salto hacia la siguiente fase en la gobernanza y el open goverment.
  • Un cambio de paradigma en la contratación pública. Y no ya solo por la utilización de los llamados contratos inteligentes, sino por su uso integral, especialmente en la fase de licitación. Según la fuente Criptonoticias (ver), el pasado febrero, Miguel Ángel Bernal, director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón, presentó una prueba de concepto basada en un proyecto que implica el uso de tecnología blockchain para el registro de ofertas de licitación pública para procedimientos abiertos simplificados. El programa anunciado por Bernal pretende usar la tecnología blockchain a cada paso del proceso de licitación de un contrato público, que inicia a con la presentación de la huella electrónica (hash) de la oferta traída por los licitadores, la cual quedaría almacenada de forma descentralizada y transparente en varios nodos de la red. Luego, los licitadores han de presentar sus ofertas en formato electrónico ante las autoridades, quienes comprobarán su identidad con la registrada en la blockchain mediante el hash del proyecto y así pasar a su valoración.

Inteligencia artificial

Explicación para tu cuñado: “Es aquella vez que Gari Kaspárov, aquel campeón mundial de ajedrez, perdió ante la computadora Deep Blue.

Para profundizar. La inteligencia artificial es la fase natural siguiente a la informática. No se trata, como era nuestro objetivo hasta ahora, de realizar los procedimientos automáticos, y en un escenario ideal automatizados, sino de que ellos mismos se realicen de forma autónoma. Al concepto de inteligencia artificial (AI) se asocia el de machine learning. Este avance nos liberará a las personas de tener que programar y que resolver los problemas que transcienden de la programación, cada vez. Según Takeyas (2007) la IA es una rama de las ciencias computacionales encargada de estudiar modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos en base a dos de sus características primordiales: el razonamiento y la conducta.Es decir: la máquina razona sola, pudiendo ser capaz de resolver problemas complejos hasta donde sus posibilidades y aprendizaje le permitan en cada momento. De este modo la máquina imita las funciones «cognitivas» que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo: «aprender» y «resolver problemas». En nuestro ámbito, la AI redefinirá totalmente los procesos, las estructuras organizativas y los puestos de trabajo en las organizaciones públicas. Hablando de atención al público, habrá que identificar muy bien las conversaciones que se deben tener en persona y las que se pueden derivar a un chatbot, que en todo caso puede hacer de filtro. No será fácil. Y si nos permiten el juego de palabras, la manera más inteligente de afrontar la inteligencia artificial es conviviendo con ella, porque la inteligencia humana es y debe ser, otra cosa. Os dejo más información en este sentido:

Drones

Explicación para tu cuñado: “un dron es un robot aéreo no tripulado. También los hay de juguete; Carlitos, el amigo de tu hijo, tiene uno”.

Para profundizar. Acabamos de explicar lo que es inteligencia artificial. En general se habla mucho de la incorporación de robots para llevar a cabo las tareas más mecánicas antes realizadas por seres humanos. Yo añadiría que también sirven para hacer otras cosas que jamás hicimos los humanos (del mismo modo que las personas podemos y debemos realizar tareas que jamás puedan hacer los robots), humanizando nuestras funciones y demostrando nuestro valor añadido. Un dron no deja de ser un robot aéreo, autónomo y no tripulado, pero normalmente teledirigido. Es un “vehículo aéreo no tripulado” (ver la entrada en Wikipedia) que puede hacer muchas cosas, la verdad. En cuanto a sus usos en el ámbito del servicio público, aportan o pueden aportar una gran utilidad en los servicios de vigilancia y control de incendios, debiendo ser ponderados con un uso legal y razonable en parte limitado por el derecho a la protección de la intimidad. Hace unos años en el Ayuntamiento de Alzira nos planteamos mejorar el servicio de prevención de incendios a través de drones hexacópteros, pero en aquella época había poca regulación y mucha desconfianza. Finalmente la jugada salió bien porque acabamos colocando torres de videovigilancia fija y el proyecto fue un éxito.

© Todos los derechos reservados. Nosoloaytos. Web oficial de Víctor Almonacid Lamelas 2019. Aviso legal.

Epílogo. La tecnología (o “las tecnologías”), eso que da tanto miedo, ya existe. Hemos explicado algunas de las que tienen o podrían tener un mayor impacto en la Administración: blockchain, Big/Open data, biometría, IoTAI, robots, bots, nanotecnología, etc… Algunas de ellas son transversales, incluso multifuncionales; otras más específicas. Pero todas son instrumentales, dado que el fin último de la Administración es y siempre será el servicio público (y no generar burocracia)…

Parece claro que, aunque la tecnología no es el fin, sin duda es un medio esencial para permitir este nivel de servicio público, tanto en los Ayuntamientos como en otros ámbitos territoriales superiores a los clásicos pueblos y ciudades. El elemento tecnológico primordial para el desarrollo de los servicios inteligentes es la conectividad. Aumentando y sobre todo controlando –en el buen sentido- las conexiones, la Administración obtendrá miles de millones de datos (Big data), bastantes de los cuales podrá compartir con el tejido social y empresarial (Open data), de modo que cada usuario de esta gran cantidad de datos podrá (re)utilizarlos en beneficio de sus intereses, siendo siempre los de la administración de carácter público, y los del resto a veces público (participación ciudadana) y a veces privado (emprendimiento).

– ¿Qué es Smart City?

– ¿Sabes qué es? Es la Ley de régimen local… Pero ahora, en 2019.

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